HERMANOS
ESTE ES UN BUEN ARTÌCULO PARA COMPARTIRLO Y REFLEXIONARLO. ESPERO QUE
AYUDE EN LA BÙSQUEDA DE CRITERIOS PARA LA SOLUCIÒN DE LOS PROBLEMAS
DE NUESTROS HERMANOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA PERUANA.
QUE ESTA SEMANA OBLATA, SAN EUGENIO DE MAZENOD, NUESTRO PADRE, NOS AYUDE A TENER
LOS MISMOS SENTIMIENTOS QUE TUVO CRISTO FRENTE A NUESTROS HERMANOS LOS MÀS
POBRES.
Atte.
ROBERTO CARRASCO,
omi
Santa Clotilde - Loreto- Perù.
Ataques y mentiras contra los derechos indígenas
Alberto Chirif y Frederica Barclay*
En un artículo periodístico, titulado “El radicalismo indígena”,
aparecido en diario El Comercio (15/5/09), el periodista Jaime de Althaus insiste
en restarle importancia al derecho de consulta previa, libre, informada y de
buena fe, consagrado en la legislación peruana desde hace 15 años,
fecha en la que entró en vigor en el Perú el Convenio 169 de la
OIT. Como los indígenas han tenido que batallar en la arena internacional
para lograr el reconocimiento de éste y otros derechos, Althaus alega
que se trata de un complot internacional destinado a cercenar el territorio
nacional.
Según sus palabras: “El pecado original -y quizá el único-
de los decretos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep
es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la
institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: las leyes ni
los decretos no suelen ser consultados ni con los especialistas; se imponen
respondiendo con frecuencia a intereses específicos“.
Para Althaus el incumplimiento de este compromiso y derecho no sería
sino una mala “costumbre” de la “institucionalidad peruana”,
un pecadillo menor, que disculpa señalando que así es siempre,
en todos los casos. Este ninguneo a la consulta nos lleva a pensar que él
no ha entendido que se trata de un derecho que emana de su condición
de pueblos originarios y no de una graciosa concesión del Estado.
Que el Estado no consulte decretos con especialistas está muy mal, ya
que hacerlo abonaría en favor de una concepción más amplia
de la democracia y de posibles planteamientos mejor sustentados. Sin embargo,
para el caso de los pueblos indígenas pasar por alto la consulta es violar
un derecho reconocido por la ley que, como señala la Defensoría
del Pueblo, “posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos
indígenas“. Estamos así ante realidades diferentes.
La consulta es un derecho perfectamente definido en el Convenio 169 (Ley Nº
26253). Éste señala que los gobiernos deberán: “consultar
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente“;
y que estas consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo
o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º,
incisos 1 y 2).
Queda claro entonces que las consultas tienen que ser previas, mediante procedimientos
apropiados, de buena fe, deben realizarse a través de sus instituciones
representativas y, muy importante, tiene por finalidad llegar a un acuerdo.
Por su naturaleza lo que establece el Convenio 169 al respecto es vinculante,
es decir, obligatorio, no facultativo, como se ha pretendido señalar.
El convenio, entonces, es concluyente en el hecho de la obligatoriedad de realizar
la consulta, cuya violación invalida automáticamente cualquier
decisión o norma que tome el Estado de manera unilateral.
En un reciente documento (Informe Nº 011-2009, mayo 2009), la Defensoría
del Pueblo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento
de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer
su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando
íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba
la medida“.
Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta
con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso
de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella“. Por último,
si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión
de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe
fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos
y el derecho. Adicionalmente, le corresponde informar a los representantes de
la población involucrada la decisión adoptada, así como
las razones que lo motivan“.
¿El gobierno ha actuado de esta manera y se ha enfrentado a las opciones
planteada por Defensoría de aprobación de la materia de la consulta,
de consentimiento parcial o de desaprobación total? No, nunca. Jamás
ha hecho una consulta. Frente a una decisión arbitraria del Estado luego
de una consulta, los pueblos indígenas podrían cuestionada judicialmente
por carecer de fundamentación. Pero el problema es que en el Perú
el gobierno (éste y los anteriores) ni siquiera hace consultas de mala
fe.
La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones
(CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado
que “la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para institucionalizar
el diálogo, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir y
resolver conflictos” (citado en Informe Nº 011-2009 de la Defensoría
del Pueblo, antes mencionado).
La Defensoría señala que la consulta “es un ‘derecho
instrumental’ que posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos
indígenas, por ejemplo: a la identidad cultural, a la propiedad, a la
integridad, al desarrollo, etcétera. Su ámbito de ejercicio es
el sector público“. Es decir, el derecho a la consulta es un derecho
central de la legislación peruana referida a pueblos indígenas
y está también ampliamente reafirmado en la Declaración
de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Para los casos de explotaciones mineras, el Convenio señala que la consulta
debe llegar a “determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección o explotación de los recursos existentes
en sus tierras”. Y remata diciendo que: “Los pueblos interesados
deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten
tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier
daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Art.
15).
¿Algo de esto ha hecho alguna vez este gobierno o los anteriores? No,
nunca. ¿Por qué? Porque al parecer el Estado no sabe lo que firma
o porque, tratándose de indígenas, ¡qué diablos!,
por qué hacer tanto alboroto. A fin de cuentas, como ha señalado
el presidente Alan García, “las tierras de la Amazonía son
de todos los peruanos“, lo que significa borrar de un plumazo los derechos
legales de propiedad de las comunidades nativas y campesinas, hacer una declaratoria
por la vía rápida de libre disponibilidad de las tierras de la
región y convocar al caos para que se encargue de cancelar los derechos
indígenas.
El gobierno actual trata de confundir a la ciudadanía haciendo pasar
la participación como consulta, como si se tratara de lo mismo. Pero,
como la propia Defensoría del Pueblo ha señalado: “El derecho
a la consulta corresponde solamente a los pueblos indígenas“, mientras
que “El derecho a la participación ciudadana le corresponde a todas
las personas. Es un derecho que salvaguarda y propicia la libre intervención
en el ámbito político, económico, social y cultural. No
tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento. Su ámbito de
ejercicio es el sector público y privado” (Ver Informe de Defensoría
antes citado).
El gobierno ha introducido esta confusión interesada en el DS Nº
012-2008-EM, “Reglamento sobre participación ciudadana para la
realización de actividades de hidrocarburos”, y en la práctica,
con resultados desastrosos. Un caso concreto sucedió en Santa María
de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en marzo de 2008, cuando
funcionarios de PERUPETRO y del MEM convocaron a un “evento presencial”
(así los llama ese reglamento) para informar a la población nativa
sobre la suscripción de un contrato de exploración con la empresa
petrolera HOCOL en diciembre de 2006, es decir, un año y tres meses antes.
Los pobladores, lógicamente, reaccionaron de manera violenta y largaron
a toda la delegación, también integrada por el inefable representante
de CONAP.
¿Qué derechos vulneran los decretos cuestionados por las organizaciones?
El análisis de la inconstitucionalidad e impactos negativos de los decretos
ha sido ya efectuado por diversas instituciones, incluidas la Defensoría
del Pueblo y el CAAAP, y especialistas, como Francisco Eguiguren: (ver “Informe
jurídico Análisis de la conformidad constitucional del uso de
las facultades legislativas otorgadas por el congreso al poder ejecutivo mediante
la ley N° 29157?) Patricia Urteaga y Pedro García, que se han referido
a esto en varios documentos, unos publicados y otros de circulación más
restringida.
No obstante, sí podemos señalar al DL 1064 como uno de los más
nocivos para las comunidades indígenas, porque atropella el derecho de
imprescriptibilidad de sus tierras y permite que invasores con cuatro años
de establecidos se apropien de tierras comunales. ¿Será por esto
que el presidente Alan García ha dicho que las tierras de la Amazonía
son de todos los peruanos, contradiciendo por cierto lo que había dicho
en su primer gobierno, cuando afirmó públicamente los derechos
preferenciales de los indígenas porque estaban “antes que los Pérez
y los García“?
También expropia terrenos comunales usados para servicios públicos
o declara como propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas,
aunque estén poseídas y pretendidas por los pueblos indígenas
y las pone en condición de adjudicables a inversores. Esta misma norma
coloca nuevamente el tema del abandono sin definirlo, lo que significa un grave
riesgo para las comunidades que utilizan sus territorios de manera extensiva
y con un sistema de rotación perfectamente adaptado a los suelos amazónicos,
suprime el acuerdo del minero con el dueño del suelo, permite que mediante
un expediente técnico se cambie el uso de la tierra y deroga todo el
régimen comunitario desconociendo la necesidad de una legislación
especial, tal como señala el Convenio 169 y el propio Código Civil.
Por último, todos los decretos tienen defectos formales que los hacen
inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados y de legislar,
algunos de ellos, sobre temas no permitidos por delegación de funciones
legislativas al Ejecutivo.
Un ataque
integral
Pero la arrogancia y prepotencia del gobierno va más allá de los
actuales decretos. El perro del hortelano fue algo así como el “marco
teórico” y la clarinada para el ataque que vendría de inmediato.
El presidente García pretende que los proyectos y las medidas dictadas
se orientan a la lucha contra la pobreza y devastación de los bosques
amazónicos.
Para darse un aire técnico y convocar el apoyo a sus medidas los voceros
del gobierno han señalado una y otra vez que hay 11 millones de hectáreas
deforestadas, que efectivamente existen, pero ninguno ha mencionado dos cosas:
la primera, que la devastación de los bosques no es consecuencia de la
actividad de los pueblos indígenas, que han vivido en la región
durante siglos sin poner en riesgo ni el bosque, ni otros recursos naturales,
como los suelos y la fauna; y la segunda, que la deforestación es producto
de la colonización impulsada desde fines del siglo XIX por el Estado
y potenciada durante los dos gobiernos del presidente Fernando Belaunde, a través
de la Carretera Marginal y de proyectos especiales, financiados con deuda externa
contraída por el Perú con organismos internacionales, como el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y US/AID.
¿Saben ustedes cuál fue la razón que dieron ése
y otros gobiernos para emprender estos programas de colonización?: Superar
la pobreza. Ahora el presidente García se ilumina y sin cuestionar el
rol del Estado y la responsabilidad que a él mismo le toca, en la medida
que ya estuvo a la cabeza de éste en 1980-85, emprende una nueva búsqueda
para “superar la pobreza”.
Lo que está en cuestión es si a los anteriores gobiernos les interesaba
la pobreza de los peruanos o más bien buscaban engañarlos con
promesas ilusorias de tierras ubicadas en el Dorado amazónico. Y al actual
gobierno, ¿le interesa la pobreza o satisfacer las demandas de empresarios
ávidos de terrenos para plantaciones de biocombustibles?
El gobierno, si es que el tema le interesa de verdad, no debe buscar la pobreza
en lugares tan alejados como la Amazonía, sino en Lima y en las demás
grandes ciudades del país, donde un gran porcentaje de la población
no tiene trabajo y sobrevive con ingresos ínfimos. La pobreza que sí
afecta a indígenas amazónicos está precisamente en las
zonas que han sido devastadas por la colonización y por las industrias
extractivas, que han contaminado el medio ambiente, afectado su salud y destruido
sus redes sociales de solidaridad. Pero las políticas del gobierno no
se dirigen hacia la solución de estos problemas, sino hacia su expansión.
El ataque a los pueblos indígenas desatado por este gobierno no se limita
a socavar su derecho al territorio sino que procura acabar con ellos a través
de la medidas destinadas a debilitar sus lenguas y culturas. Es con esta finalidad
que hay que entender las sucesivas medidas tomadas por el Ministerio de Educación,
como la exigencia de la nota 14 para los postulantes a institutos superiores
pedagógicos. Es verdad que esta norma es general y afecta a todos los
candidatos: durante los tres años que lleva de vigencia no ha habido
ingreso a dichos institutos en el país, porque la dispersión de
quienes superaron la valla (alrededor del 3% de más de 14.000 postulantes)
no he permitido conformar un número suficiente para justificar el funcionamiento
de un año lectivo.
Una vez más el Estado castiga a quienes son víctimas de su mala
política, en este caso, educativa. Aunque el ministro de educación
ha recibido, de parte de muchas instituciones, explicaciones fundamentadas sobre
las consecuencias de la norma, entre ellas, el déficit de profesores
bilingües, mantiene su decisión inmutable. El ataque a la identidad
de los pueblos indígenas se demuestra, además, por medidas como
el rechazo de fondos de la cooperación internacional para educación
intercultural bilingüe o la negativa del ministerio de participar en eventos
sobre EBI.
¿A
quién defiende el Estado?
La consigna del gobierno (y en esto no se diferencia de los anteriores) es negar
la evidencias, enterrando bien su cabezota de avestruz en un hoyo. Hace cerca
de tres años, cuando los achuares del río Corrientes hicieron
pública sus denuncias sobre la contaminación de las fuentes de
agua y sus recursos para la vida y, en general, del medio ambiente de su territorio,
y de cómo ésta estaba afectando la salud de los pobladores, el
Estado negó con desparpajo que esto fuese verdad, a pesar de que el Ministerio
de Salud y el de Producción habían comprobado, mediante análisis
de laboratorio, la magnitud del daño.
Sólo una protesta descomunal por parte de los indígenas, con toma
de campamentos petroleros y pozos y cierre de válvulas de estaciones
de bombeo, lo llevó a reaccionar, aunque su primera opción fue
por la recaptura de las instalaciones por la vía violenta, lo que en
realidad quería decir que seguía negando que la actividad afectaba
la salud de la gente y el medio ambiente. La presión fue tan grande que
tuvo luego que dar marcha atrás y reconocer la veracidad contenida en
las denuncias y suscribir, junto con la empresa y la federación indígena,
el acta de Dorissa, mediante la cual Pluspetrol y el Estado se comprometían
a remedir la situación en un plazo perentorio.
En buena hora que haya sido así, pero ¿no pone esto en evidencia
el hecho de que el gobierno mintió al negar primero los estragos negativos
causados por la extracción de petróleo? El hecho de que hoy día
el ministro Brack trate de hacer aparecer los cambios en la legislación
sobre explotación de hidrocarburos como un logro del gobierno y no de
los indígenas, nos parece un hecho carente de sinceridad.
Pero esa reacción del gobierno fue apenas coyuntural y producto de una
presión formidable ejercida por las organizaciones indígenas,
la sociedad civil y algunas instituciones pública, como la Defensoría
del Pueblo, que antes como ahora ha jugado un papel destacado. Ahora el Estado
niega una vez más la realidad de que el petróleo y las industrias
extractivas en general son fuente de contaminación e impactos negativos
para los pobladores locales. Toda la contaminación, afirma, es cosa del
pasado. Ignoramos qué alcance querrá darle el gobierno a su noción
de pasado, pero lo cierto es que el gasoducto se rompió cinco veces durante
el primer año de funcionamiento, lo que es un indicador de irresponsabilidad
y, probablemente, de corrupción, por el uso de tubos en mal estado o
de segunda mano, como lo estableció una auditoría ambiental independiente
que luego, para seguir con la costumbre nacional, fue silenciada.
Pero el anterior no es el único caso, ya que las denuncias de contaminación
causadas por industrias extractivas o de transformación de minerales
van desde el Callao y, pasando por La Oroya (donde el gobierno, una vez más,
ha prolongado el plazo de Doe Run para cumplimiento del PAMA, mientras la población
se ahoga en humos y los índices de plomo y otros metales pesados aumenta
en su sangre), se expande por otras zonas.
Y no es un problema sólo de derrames, sino, de manera más global,
de impactos en el medio ambiente en que viven indígenas y campesinos.
En el Urubamba, durante la época de instalación del proyecto del
gas del Camisea, un promedio de 200 barcazas diarias “batían”
o “licuaban” las aguas del río, contaminando y alterando
el hábitat de los peces, fuente principal de las proteínas que
consumen los pobladores. Los matsiguengas que habitan la cuenca han sido “compensados”
temporalmente por la pérdida admitida de capacidad de pescar en ése
y otros ríos de la zona con un sol diario, lo que apenas alcanza para
adquirir una lata de conserva a la semana. ¿Quién es el responsable
de crear pobreza en los pueblos indígenas? Que no se diga que la contaminación
es cosa del pasado porque ahora hay estándares, pues éstos existen
desde 1993 y los achuares, quichuas y urarinas sólo consiguieron que
se supervise la actividad de las empresas y se les obligue a cumplir las normas
después de 13 años de continuas denuncias.
El problema es que al gobierno y a mucha gente le parece normal que los indígenas
paguen los costos del llamado desarrollo. Si sus chacras son destruidas, también
el monte que utilizan para cazar y realizar actividades forestales, poco importa.
La idea es que esos espacios valen poco frente a la riqueza que producen las
industrias extractivas. También sus vidas y las de las generaciones por
venir valen poco, lo que es un indicador más del racismo que impera en
el país. Nos preguntamos qué pasaría si 200 barcazas batieran
diariamente el agua del mar en los balnearios del sur de Lima. La protesta sería
masiva y apoyada por la prensa, porque se consideraría que se está
afectando propiedad privada valiosa de gente que vale más.
Los indígenas
y la seguridad nacional
En los últimos tiempos, se acusa cada vez más a los indígenas
de constituir una amenaza a la seguridad nacional. Cancillería se niega
a dar pase a la creación de dos reservas comunales y a un parque nacional
ubicados en la zona comprendida en el curso alto de los ríos Napo y Putumayo,
alegando razones de seguridad nacional. Dice temer que los 700 secoyas peruanos
y los 300 ecuatorianos, que por lo demás provienen de familias peruanas
que emigraron antes del conflicto de 1941 y que luego no pudieron volver, puedan
afirmar derechos territoriales y conformarse en un Estado independiente. Es
para no creerlo, sobre todo considerando que tanto las reservas como los parques
son áreas naturales protegidas de propiedad pública. Ha dado la
misma razón para justificar el recorte del parque nacional Ichigkat Muja,
en la Cordillera del Cóndor, pero en cambio permite la presencia en la
parte cercenada de la empresa Dorato Perú, pantalla de la transnacional
canadiense Dorato Resources Inc., cuyo gerente general, Carlos Ballón,
fue asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña
del actual gobierno, como ha puesto a la luz César Hildebrandt en un
reciente artículo. ¿Resulta ser entonces que una transnacional
es mejor defensora de la seguridad nacional que el propio Estado, que, reiteramos,
es el dueño de parques nacionales y otras áreas naturales protegidas?
Eso se llama tener confianza en las instituciones propias e ideas muy claras
sobre la defensa nacional.
La lista de las ventas del patrimonio nacional y de empresas privadas a un país
como Chile, con el cual el Perú, por desgracia para la paz, mantiene
conflictos pendientes, es inacabable. Más aun, este gobierno quiso venderle
incluso parte del terreno del Ministerio de Defensa, lo que tal vez no signifique
nada en términos de seguridad nacional comparándolo con lo que
ya el Estado peruano había ya vendido a capitales chilenos (en especial,
las industrias estratégicas), pero no se puede negar que el simbolismo
del hecho resulta grotesco. Podemos también mencionar la profusión
de decretos que suspenden la norma constitucional que prohíbe que “dentro
de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir
o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles
ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en
sociedad” (Art. 71º), alegando para esto razones de necesidad nacional.
Cuando la excepcionalidad de levantar la prohibición por razones de “necesidad
pública” se convierte en norma, debemos sospechar de la existencia
de otros intereses. El papel aguanta todo.
Algunos ejemplos: Petrobras en el lote 117, en el extremo norte del país,
en la zona frontera con Colombia y Ecuador; Pacific Stratus Energy, en los lotes
135, 137 y 138, en la frontera con Brasil; y la lista sigue. También
podemos mencionar que hace apenas unos años, las denuncias públicas
pusieron en evidencia que la empresa maderera Newman Lumber Company de los Estados
Unidos había construido una carretera de 150 Km a lo largo de la frontera
con Bolivia para extraer caoba de manera ilegal, sin que las autoridades políticas
ni las Fuerzas Armadas del Perú se hubiesen dado cuenta, o al menos así
lo dijeron. Ni qué decir del ingreso cotidiano a territorio peruano de
madereros colombianos por la frontera del Putumayo, sin que los numerosos puestos
de las Fuerzas Armadas peruana hagan nada por frenarlos. Frente a todo esto,
¿podemos seguir sosteniendo que son los indígenas una amenaza
a la integridad nacional?
Para terminar queremos referirnos a las dimensiones que ha tomado la actual
protesta indígena. Su impacto se debe a la movilización masiva
de familias y organizaciones indígenas amazónicas, incluyendo
entre ellas algunas que eran consideradas como bases de CONAP, como las awajun
del Alto Mayo; y a la amplia solidaridad que ha convocado su causa en diversas
instituciones y personalidades de los más diversos sectores sociales.
Además del carácter justo de los reclamos, esta solidaridad expresa
el desagrado de la ciudadanía con un gobierno que le ha mentido de la
manera más burda. La lista de mentiras es larga, pero la que mejor describe
la traición es el ofrecimiento electoral de renegociar los contratos
petroleros y mineros, que terminó con la genuflexión de estirar
la mano para esperar una propina, según la voluntad de las empresas,
que por supuesto no tienen ninguna.
Confrontado por un periodista con las contradicciones entre las promesas de
la campaña y las medidas tomadas por el presidente ya en el ejercicio
del poder, el congresista aprista José Vargas respondió: “Una
cosa es lo que se dice en la campaña y otra la que se hace cuando se
llega al poder”. Estamos frente a una buena muestra de las “interpretaciones
auténticas” que podemos esperar de este personaje que se desempeña
como presidente de la Comisión de Constitución. Nada menos.
—
* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la
amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de
los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor
independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio,
El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard
Ch. Smith) y de diversos artículos.
* Frederica Barclay es antropóloga y Doctora en Historia por la Universitat
de Barcelona. Investigadora del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía
en las líneas de trabajo: Amazonía. Historia regional. Elites
locales. Colonización. Es autora y co-editora de numerosas publicaciones
como Guía etnográfica de la alta amazonía, Pueblos en situación
de extrema vulnerabilidad. El caso de los Nanti de la Reserva Territorial Kugapakori
Nahua, Camisea, La frontera domesticada. Historia económica y social
de Loreto, 1851-2000, Órdenes y desórdenes en la selva central.
Historia y economía de un espacio regional amazónico, entre otros.